El VIII Congreso Nacional de Derecho Administrativo reunió a expertos internacionales en esta rama del Derecho, quienes evaluaron la situación actual, que afecta a todos los países.
Por Tania Elías. 27 agosto, 2018.Los problemas que afectan la relación del ciudadano con el Estado no se viven solo en Perú, por tanto, la forma en que se intenta regular en distintos escenarios de Latinoamérica o Europa es un aporte para mejorar la realidad actual, en la que los problemas parecen desanimar al ciudadano. Esa fue una de las conclusiones del VIII Congreso Nacional de Derecho Administrativo, realizado del 9 al 11 de agosto, en la Universidad de Piura.
El tema “El Derecho Administrativo como instrumento al servicio del ciudadano” fue el centro del debate. Para el doctor Jorge Danós, presidente de la Asociación Nacional de Derecho Administrativo, aunque la realidad administrativa es cambiante, “la situación del país en los últimos dos años indica los graves problemas de la administración pública”.
El decano de la Facultad de Derecho de la UDEP, Ernesto Calderón, señaló que la persona es el fin supremo del Estado y que, aunque la administración tenga un interés propio, este no puede ser ajeno o contrapuesto al interés de la comunidad. “La actuación de la administración pública, en ámbitos diversos como los servicios públicos, la regulación o incluso la actividad del policía, la permiten normas habilitantes cuyo objetivo jurídico es hacer viable la consecución de un bienestar que además sea común”, explicó.
Doctor Ernesto Calderón (izquierda).
Corrupción
¿Cuál es el problema que más afecta al Derecho Administrativo y, por ende, al ciudadano? Desde los enfoques que vienen trabajando los investigadores, las respuestas fueron variadas.
“La corrupción es el reto a vencer en todos nuestros países; hay problemas en España, Grecia, Estados Unidos, en Latinoamérica. Los funcionarios caen por abusos en cuanto al gasto público; sin duda, es el reto para las instituciones y va más allá de la legislación porque, buena o mala, estas deben funcionar sirviendo”, opina el doctor Luis Béjar, docente de la Universidad Panamericana (México). Para él, la tecnología nos acerca más a algo que siempre ha sido un fenómeno negativo y ante el desconcierto que genera en la población, hace falta promover mecanismos que permitan efectuar un mejor control.
Doctor Luis Béjar.
El doctor Jorge Iván Rincón, de la Universidad del Externado de Colombia, señala que el derecho tiene una finalidad: establecer la sociedad como debería ser. Parte de unos hechos sociales y de una problemática que hoy se refleja en la corrupción, el mal manejo de los fondos públicos, los comportamientos contrarios a los deberes de todos los funcionarios públicos.
“El derecho tiene que ofrecernos las herramientas para que todo eso que está mal pueda ser corregido”, explica. Sea en el corto o mediano plazo, Rincón propone que estos problemas se resuelvan no solamente con la fórmula tradicional reactiva, sancionadora, sino que se apueste por la prevención.
“Delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, etc. se castigan con sanciones relacionadas a la privación de libertad, inhabilitación para el desempeño de funciones públicas, la suspensión o la desvinculación del Estado. El derecho, así, quiere disuadir a efectos de que la persona sancionada no vuelva a incurrir en un comportamiento parecido o igual y que quienes observan ese castigo, por temor, no incurran también en ese comportamiento”, indica.
Doctor Jorge Iván Rincón.
Pero cada escándalo es mayor, y mayor es la sanción que se quiere imponer porque “cuando estallan escándalos de corrupción como Odebretch, automáticamente todos nuestros organismos jurídicos dicen: tenemos que imponer más sanciones, fortalecer el régimen disciplinario, tipificar nuevos delitos”. ¿Es esa la solución?
Rincón considera que no. Es una herramienta útil pero no es suficiente ya que el derecho tiene que aprender a crear mecanismos de carácter preventivo. “Debemos empezar a generar códigos de ética, concertados dentro de las diferentes entidades públicas, para que los funcionarios públicos sientan como propia la organización, que ellos mismos se conviertan en veedores de la gestión pública y cuestionen cualquier acto negativo que observen”.
Insiste en que el derecho tiene que apostar por la prevención. “Ello también implica fortalecer un régimen de empleo público, de función pública, que permita tener funcionarios más capaces, más meritorios, que se sientan a gusto con su administración, que tengan posibilidad de mejorar profesionalmente, que sean conscientes de que comportarse bien tiene incentivos positivos. Antes que castigar, hay que prevenir”, refiere.
La tecnología y el derecho: hay una disrupción
Temas como la protección de datos, ejemplificadas en el caso Cambridge Analytica, por el que Facebook fue cuestionada al permitir a la primera adquirir cincuenta millones de perfiles de usuarios en Estados Unidos, también preocupa al derecho.
Pablo Schiavi, de la Universidad de Montevideo (Uruguay) explica que ante los cambios que vive el mundo, las estructuras jurídicas actuales no son suficientes: “Es un gran desafío para el derecho; el problema es que con el derecho público tradicional queremos regular fenómenos que nunca se imaginaron. No estamos en una evolución, sino que hay una disrupción entre lo que tenemos y lo que se viene. ¿Cómo regulo y castigo en temas como Cambridge?”.
Doctor Pablo Schiavi.
Aun cuando considera necesaria una ley moderna y nueva, para Schiavi es importante que cada ciudadano tome conciencia de su rol en la difusión de la información en redes. “Nosotros nutrimos la información de redes. Eso no justifica que haya hecho un manejo no consentido de información de cada persona. A Facebook le ha costado mucho y ha tenido mucha repercusión. El reglamento europeo ya marca sanciones para casos de violación de políticas de privacidad, pero mientras otros países adecuan su legislación al avance tecnológico, hay que educar a niños y jóvenes”, remarca.
La tensión por las concesiones
El derecho asume que aun cuando el Estado debe ser servicial con las personas, muchas veces no tiene todas las capacidades y recursos. De ahí viene la importancia de las concesiones o Asociaciones Público Privadas, formas alternativas que le permiten al Estado dirigir acciones para la consecución del interés general.
El doctor Claudio Moraga, de la Universidad de Chile, señala que muchas veces se produce una tensión entre el inversionista privado con las comunidades. Surgen los conflictos que también preocupan al derecho administrativo.
Doctor Claudio Moraga.
“Es necesario que el Estado regule y disponga de medidas -conforme al derecho y, básicamente, fundado en el Derecho Administrativo- que le permitan a las comunidades ser un actor relevante y conocer cómo el inversionista va a cumplir aquello que ha contratado con el Estado, desde la perspectiva de mitigación de impacto social, ambiental y protección de la forma de vida de las comunidades. No hay que olvidar que la actividad le interesa al Estado, pero es de interés general”, enfatiza.
